Por ello, desde esta corporación abogamos por un Pacto de Estado en materia de vivienda, con un plan estratégico a 15 o 20 años vista, con el máximo consenso de las fuerzas políticas, para que no sea motivo de desviaciones políticas. Hemos de defender un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda, que esté equilibrado con otro derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, como es el de la propiedad privada, pilar básico de nuestra democracia.

La falta de políticas serias en nuestro período constitucional se ve acrecentada con la expansión demográfica de nuestro país y agravada por la actual Ley de Vivienda, así como por la ausencia de coordinación entre las tres administraciones públicas competentes en el proceso urbanístico, de ejecución de proyectos y de licencias (la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y las locales), que han hecho que la vivienda “social” esté prácticamente desaparecida.

“Abogamos por un pacto de Estado en materia de vivienda, con un plan estratégico a 15 o 20 años vista”

A quienes más afecta esta falta de políticas de vivienda es precisamente a aquellos colectivos con menos recursos económicos, por eso es importante ponerse a trabajar desde ya y al unísono, para paliar este desequilibrio social que produce el acceso a una vivienda digna.

Decía antes que la actual Ley de Vivienda, al introducir el concepto de “persona vulnerable”, ha creado el efecto perverso contrario a lo que se pretendía por el legislador, cuando han sido muchas las recomendaciones de colectivos que alertábamos de lo que podía pasar: la retirada del parque de viviendas de alquiler por parte de muchos propietarios, ya que se ha desequilibrado la balanza de derechos y obligaciones que se contraen en un contrato de arrendamiento. Esto es el resultado del afán de agradar y venderse estas medidas como la solución al acceso a la vivienda a un cierto electorado que ahora ve como, precisamente, el más vulnerable tiene mucho más cuesta arriba acceder a una vivienda.

Así pues, entendemos que debe haber mayor sensibilidad a la hora de crear vivienda para aquellos colectivos, como son personas con movilidad reducida u otras capacidades, que por la falta de adaptación de sus viviendas se encuentran condenados a vivir en unas situaciones de dificultad. Y es en este punto cuando más se necesita la determinación para la implementación de políticas sociales.