Más regulación en los alquileres y vivienda pública

Servimedia organizó el pasado 25 de septiembre un diálogo sobre "La situación actual del arrendamiento de viviendas", en la que participaron cuatro expertos: Alberto Torres, presidente de la Sección de Arrendamientos y Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados de Madrid; Jaime Cabrero, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid; Beatriz Moreno, secretaria y letrada del Consejo arbitral del alquiler de la Comunidad de Madrid; y José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

Malas prácticas

En este diálogo se discutieron las malas prácticas a la hora de alquilar, tanto por parte del arrendador como por parte del arrendatario. Según José Ramón Zurdo, la mayoría de las malas prácticas son "simulaciones", es decir, "simular arrendamientos de temporada cuando realmente son arrendamientos de larga estancia". Sin embargo, una de las malas prácticas que más afectan hoy en día son las subidas de renta de forma extemporánea para forzar a los inquilinos a abandonar la vivienda antes de la finalización del contrato.

Por parte del inquilino, se destacó la mala práctica de "subarrendar", lo que implica meter en la vivienda a más personas de las que se indicaron en el inicio de la contratación. Jaime Cabrero comentó que la mayor inconveniencia para demostrar estas malas prácticas es la ausencia de pruebas, ya que es la palabra del inquilino contra la del arrendador. "El vecino colindante es fundamental porque puede denunciar y esa falta de prueba se va limitando porque ya tenemos una prueba testifical que deponer en un juzgado", argumentó.

Al final, concluye, la solución que se debe implementar para solventar estas malas prácticas es la existencia de un registro. "Se regula que el profesional inmobiliario tenga que darse de alta en cualquier tipo de registro, pues beneficiaría sobre todo al consumidor, al ciudadano, que es lo que se busca", concluyó.

Intervención en el mercado

Sobre el reciente intervencionismo del gobierno en el mercado del alquiler, Alberto Torres comentó que "el ciudadano tiene que ser consciente de que solucionar el problema de la vivienda tiene un coste y que probablemente la línea no sea tanto una 'hiperregulación' del mercado, sino la construcción de viviendas de protección oficial, de intentar solucionar las situaciones de vulnerabilidad que realmente tienen que estar en manos de los poderes públicos". Cabrero compartió su opinión, dejando claro que "hay que regular, pero hay que dejar ese margen de libertad al mercado".

Para Beatriz Moreno uno de los mayores problemas con la vivienda es el carácter político que ha obtenido. "Desde el momento que lo están vistiendo de temas y pinceladas políticas, mezclan lo que es un tema social, con lo que es un derecho constitucional a la vivienda". Comentó también que el mercado inmobiliario se ha regulado en un 10% para el gran tenedor, pero que el 90% de los arrendadores son personas físicas a las que se le están poniendo unas cargas que, en ocasiones, llegan a asfixiarles y forzarles a retirar su vivienda del mercado.

Vivienda turística

En cuanto a la cuestión de la masificación de la vivienda turística, José Ramón Zurdo afirmó que el alquiler residencial está siendo reducido por el turístico. Esto se debe a que "la rentabilidad que ofrece a los arrendadores es mucho mayor que la de un alquiler tradicional". Es un problema que se ve principalmente en las zonas centrales de las ciudades y que fuerza a estos inquilinos a residir en las afueras de la metrópolis.

"El turismo es el turismo y hay que llevarlo a los edificios de turismo", intervino Jaime Cabrero, haciendo hincapié en la necesidad de limitar los pisos turísticos en las comunidades de propietarios.

La ley de la vivienda

Finalmente, el diálogo puso en debate la ley de la vivienda actual. Los cuatro expertos coincidieron en que "la concepción era buena, pero la práctica ha sido todo lo contrario", en palabras de Jaime Cabrero. Recalcó que, debido a la inseguridad provocada por esta ley, el inversor nacional y extranjero ha retirado los productos del mercado.

Una de las soluciones que se propusieron fue establecer un porcentaje de las viviendas que están siendo construidas, para que estuvieran destinadas exclusivamente al arrendamiento. Sin embargo, Jaime Cabrero recordó que "la obligación de una vivienda social no puede recaer sobre la promoción privada, sino sobre los ayuntamientos, en el Estado y en las comunidades autónomas".