La economía social “es una realidad” que “demuestra que otro modelo económico es posible”, afirma el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño. Los datos sobre este sector empresarial que anualmente refleja La Moncloa subrayan que “en España las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías de pescadores, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman la Economía Social representan el 10% del PIB”.

En total, “más de 2,2 millones de personas trabajan en estas entidades que combaten la desigualdad con una redistribución más equitativa de los beneficios. En las más de 43.000 empresas que integran el sector el 60% de las personas trabajadoras son mujeres. Estas entidades se sitúan a la vanguardia en la reducción de brecha de género”, según comunicó Moncloa el pasado mes de octubre.

Sin embargo, el marco regulatorio de este modelo se fue quedando anticuado con el paso del tiempo y la propia evolución de este sector empresarial. Por este motivo, las Cortes Generales han comenzado este pasado mes de noviembre a debatir, después de que lo aprobara en octubre el Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que podría ser una realidad a principios de 2025, según apuntan fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La economía social española representa el 10% del PIB

La titular de esta cartera y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, subraya que “este anteproyecto de ley es la culminación de estos cuatro años de apuesta decidida por una economía verde, feminista y democrática. Y esto es la economía social”. Con su aprobación, la ministra subraya que “avanzamos e impulsamos un sector que es un orgullo de país y algo sin precedentes en el contexto europeo”.

El presidente de la patronal Cepes emplaza a “que esta ley sea aprobada por unanimidad” entre todas las fuerzas políticas (algo que sí es posible pese al habitual desencuentro entre los partidos, como se ha demostrado con la reciente Ley ELA), puesto que “representa una reforma significativa y necesaria para el conjunto de la Economía” y “permitirá trabajar con una garantía jurídica y de sostenibilidad en el tiempo”, añade Pedreño.

Cuenta con más de 43.000 empresas y genera 2,2 millones de empleos

El anteproyecto de ley actualizará el ecosistema normativo del sector a través de tres leyes: la de Economía Social, la de Cooperativas, y la de Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción.

Combatir la exclusión

La nueva norma pretende favorecer la inclusión y evitar la estigmatización de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, gracias a la ampliación de la protección que brindan las empresas de inserción. Por ejemplo, serán objeto de acompañamieno personas sin hogar que, incluso trabajando, no tengan garantizados ingresos suficientes, anunció la vicepresidenta Díaz. Además, se creará un nuevo modelo de contrato, de transición al trabajo ordinario, para que, una vez que esas personas estén tutorizadas y formadas, se integren en el ámbito del empleo ordinario, según comunicó La Moncloa.

En materia de cooperativas, se adaptará su funcionamiento a nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías. De forma que, en adelante, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios. Además, según el ministerio de Trabajo y Economía Social, permitirá atajar “el intrusismo en las cooperativas, a la vez que se avanza en igualdad y digitalización”.

‘Empresas sociales’

Otro aspecto importante del Proyecto de Ley es que incorpora las denominadas ‘empresas sociales’ como parte integrante de la economía social, y dentro de la ley propia (11/2011) que engloba a este sector empresarial.

“Es muy importante que se determine que las ‘empresas sociales’ estén incluidas dentro de la economía social, pues así tendrán que compartir los mismos valores y principios: reinversión de beneficios en el fin social, generar oportunidades para colectivos en riesgo de exclusión o personas con discapacidad, etc., y que estén caracterizadas en el propio proyecto de Ley. De manera que para ser una ‘empresa social’ haya que cumplir con unos principios regulados por ley dentro de la economía social”, precisa la directora gerente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), Josefa Torres.

De esta manera, “cualquier empresa no podrá autodenominarse unilateralmente como ‘empresa social’, sin serlo, sino solo las que verdaderamente lo sean”, añade Torres. De hecho, el anteproyecto establece que las ‘empresas sociales’, entre otros requisitos, deberán estar promovidas, constituidas o participadas por entidades de la economía social.

Empleos en Europa

En la Unión Europea hay 4,3 millones de empresas y entidades de economía social que generan 11,5 millones de empleos y más de 912.000 millones de euros de facturación, según el informe Evaluación comparativa del rendimiento socioeconómico de la economía social de la UE, publicado por la Comisión Europea.

España es, según el informe, el cuarto país en que más empleos genera la economía social. Por delante están Alemania, con 3,4 millones; Francia, con 2,6 millones; e Italia. Por sectores, la economía social europea ocupa a 3,3 millones de personas en el sector de la salud y la asistencia social, 702.000 en educación y 622.000 en artes, cultura y ocio.

El documento evidencia la existencia de más de 4,3 millones de empresas y entidades de la economía social en los Estados miembros. El 97,7% pertenecen a una de las cuatro familias que tradicionalmente constituyen la economía social europea: cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones. En cambio, 246.000 son empresas sociales, de las cuales menos de 43.000 son ex lege, mientras que más de 203.000 son empresas sociales de facto.

Paridad

Uno de los datos más curiosos revelados por el informe es el referido al género. Según el documento, la economía social es un yacimiento de empleo femenino, ya que una gran parte de sus empresas y organizaciones se encuentran en los sectores de la sanidad, el consumo y la asistencia social, en los que suele haber una elevada presencia de mujeres.

Las asociaciones y fundaciones cuentan también con una fuerte presencia de mujeres, mientras que en las cooperativas la cifra varía de un país a otro. En Portugal, por ejemplo, el 54% de los trabajadores de las cooperativas son mujeres, mientras que el porcentaje dentro de las asociaciones asciende al 70%.

Este estudio tiene como objetivo principal desvelar el impacto de la economía social en los 27 países que forman parte de la UE. Ha sido realizado por las organizaciones Euricse, Ciriec y Spatial Foresight, en nombre de la Comisión Europea. Una de sus principales conclusiones es que la economía social está presente en todos los Estados que forman la Unión Europea.