Este texto normativo ha sido impulsado desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y fue presentado por el ministro Pablo Bustinduy, quien calificó esta reforma como “un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad” tanto para las personas en situación de dependencia como para las que tienen una discapacidad y que “promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal”.

Bustinduy destacó también que este proyecto de ley va a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad. Y, por otro lado, subrayó que revertirá “dos recortes importantes” de la década anterior.

En primer lugar, el nuevo texto suprimirá el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona.

Y, además, eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

“Estamos transformando el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas”, explicó Bustinduy.

Menos burocracia

La reforma de las leyes también contiene medidas destinadas a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad.

Una de las más importantes es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Además, las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Y aquellas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.

Asimismo, la reforma también agiliza el procedimiento para la revisión del Programa Individual de Atención, sustituyendo la burocracia por procedimientos de comunicación más directos con la persona interesada y reforzando el derecho de las personas a participar en la elección de servicios y prestaciones.

Empleo y prestaciones

Por otra parte, la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) incorpora una novedad clave para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral: a partir de ahora, dejará expresamente claro que es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema.

Hasta la fecha, muchas personas beneficiarias del SAAD se veían obligadas a renunciar a estos apoyos al iniciar una actividad laboral, ya fuera por cuenta ajena o por cuenta propia. Esta situación generaba un desincentivo para el empleo y dificultaba los proyectos de vida autónomos, especialmente en el ámbito de la discapacidad.