Como cada año, el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una oportunidad para reflexionar no sólo sobre los avances logrados, sino también para reconocer los desafíos que aún persisten y renovar el compromiso global hacia un futuro más justo y equitativo para todas las mujeres y niñas. Desde manifestaciones y eventos educativos hasta campañas en redes sociales, el Día Internacional de la Mujer impulsa a millones de personas a levantar su voz y a tomar medidas en favor de la igualdad.

Este año 2025 es de especial relevancia ya que se cumplen 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el plan más progresista que jamás ha existido para promover los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Desde su implementación se han generado grandes cambios en cuanto a los derechos de la mujer.

Antes de 1995, solo 12 países tenían sanciones jurídicas contra la violencia doméstica. Hoy, hay 1.583 medidas legislativas vigentes en 193 países, incluidas 354 que abordan en particular la violencia doméstica.

Actualmente, hay 112 países con Planes de Acción Nacional sobre las mujeres, la paz y la seguridad

Además, actualmente, hay 112 países con Planes de Acción Nacional sobre las mujeres, la paz y la seguridad, lo que representa un aumento considerable en comparación con solo 19 en 2010.

Para conmemorar el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ONU Mujeres ha lanzado la campaña mundial #PorYParaTodas para continuar la lucha por la igualdad de género.

Bajo el lema Para TODAS las mujeres y niñas: Derechos. Igualdad. Empoderamiento, ONU Mujeres reivindica ampliar la igualdad de derechos, el poder y las oportunidades para todas, con un futuro feminista en el que no se deje a nadie atrás.

La subsecretaria general de las Naciones Unidas, Nyaradzayi Gumbonzvanda, reflexiona sobre la relevancia actual de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, destacando la necesidad de transformar el mundo para alcanzar la igualdad de género.

Niñas y mujeres con discapacidad

En España hay más de 2 millones de mujeres con algún tipo de discapacidad. Como expresión organizada de las mujeres y niñas con discapacidad en nuestro país, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) conmemora también el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que supuso un hito fundamental para el reconocimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el mundo, particularmente de aquellas que viven con una discapacidad.

En FCM señalan que, pese a la conmemoración del 25 aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujer, Paz y Seguridad, las mujeres y niñas siguen siendo utilizadas como instrumento de guerra y sometidas a condiciones de apartheid de género en muchas zonas del mundo, sufriendo violencia sexual extrema, trata y explotación, desplazamientos forzados y otras violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, lo que en muchos casos además les provocan discapacidades físicas y psicológicas permanentes.

A un lustro del logro de la Agenda 2030, las mujeres y niñas con discapacidad están lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº5

La Fundación, preocupadas por que, a 5 años vista del logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las mujeres y niñas con discapacidad están lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº5 sobre igualdad de género y sus metas específicas. Denuncian en su manifiesto bajo el lema ¡Yo sí te creo!’, que las mujeres y niñas con discapacidad se siguen enfrentando a formas agravadas de discriminación en todos los ámbitos de la vida, y exigen:

1. Una Ley de Reconocimiento, Reparación e Indemnización a las Víctimas de Esterilización Forzada o No Consentida Incapacitadas Legalmente por Razón de Discapacidad, garantizando justicia y reparación para quienes fueron esterilizadas bajo sentencia judicial entre 1989 y 2020.
2. Investigar y enjuiciar todos los casos de prácticas nocivas contra mujeres y niñas con discapacidad, como esterilizaciones no consentidas, embarazos forzados, abortos coercitivos, tratamientos involuntarios de anticoncepción y matrimonios o uniones de hecho forzados.
3. En línea con la reforma constitucional del artículo 49, una reforzada consideración de las mujeres y niñas con discapacidad en la legislación y en la política pública, especialmente, en materia de igualdad de género, de discapacidad y de infancia, respectivamente, tanto en el nivel estatal como autonómico. Esta debe contar con medidas transformadoras definidas a partir de objetivos claros, indicadores precisos, un cronograma factible y una dotación presupuestaria suficiente.
4. En el marco del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, llevar a cabo una auditoría inmediata de accesibilidad en los niveles estatal, autonómico y provincial de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, de los juzgados especializados y de las campañas y materiales informativos de sensibilización. Además, contar con un plan urgente de accesibilidad dotado de presupuesto suficiente, que contenga plazos claros para asegurar la disponibilidad de tales recursos a las víctimas con discapacidad.
5. Garantía de plena accesibilidad de un centro de referencia para la violencia sexual y de un hogar de acogida para las víctimas de violencia de género en cada provincia, los cuales deberán satisfacer las necesidades específicas que presenten las mujeres y niñas con discapacidad y las madres y cuidadoras de personas con discapacidad.
6. Desarrollo de una macroencuesta específica a escala estatal sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y las niñas con discapacidad, dentro y fuera del hogar, y en instituciones residenciales. Esta serviría para hacer un diagnóstico efectivo y diseñar una política pública adecuada para combatirla, con medidas para la prevención, protección, detección, atención y rehabilitación y recuperación de las víctimas.
7. Dotación de recursos de accesibilidad a todos los juzgados de violencia contra la mujer y a los juzgados de menores, garantizando la plena accesibilidad y atención adecuada de sus instalaciones, procedimientos y servicios.
8. Formación a mujeres y niñas con discapacidad, así como a madres y cuidadoras de personas con discapacidad, particularmente en zonas rurales y en instituciones residenciales, sobre los recursos legales disponibles para denunciar violaciones de sus derechos, empoderándolas para presentar denuncias, acceder a la asistencia legal gratuita y beneficiarse de la reparación a las víctimas.

Se puede consultar el manifiesto completo aquí.