España se enfrenta a una amenaza climática múltiple que ya está dejando huella en el territorio. El informe Evaluación de Riesgos e Impactos del Cambio Climático en España (ERICC-2025), presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha identificado 141 riesgos asociados al calentamiento global. De ellos, 51 se consideran clave por su severidad, inminencia o capacidad para generar daños en cascada. El documento analiza 14 sectores estratégicos, entre ellos la salud, el agua, la biodiversidad, la agricultura, las infraestructuras urbanas o el sistema financiero. La conclusión es clara: los escenarios más extremos que se proyectaban hace una década “ya están materializándose”.

Entre los peligros figuran las olas de calor prolongadas, las sequías extremas, las lluvias torrenciales y un aumento del nivel del mar que podría alcanzar los 60 centímetros en 2100. El clima árido ya ocupa más del 20% del territorio nacional y tiende a extenderse hacia nuevas zonas. Eso compromete la disponibilidad de recursos hídricos y afecta de forma directa a los ecosistemas, la agricultura y el bienestar de la población. Además, 17 de los 51 riesgos clave presentan baja reversibilidad —podrían generar pérdidas permanentes si no se actúa de forma inmediata. En este grupo se encuentran la pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas, la salinización de acuíferos costeros o la destrucción del patrimonio cultural.

Los riesgos no actúan de forma aislada. El estudio identifica más de 1.700 interrelaciones entre ellos. Las sequías extremas, por ejemplo, tienen el potencial de activar más de 25 riesgos adicionales, desde la pérdida de servicios ecosistémicos hasta la reducción de la producción agrícola y el estrés en infraestructuras urbanas. Las inundaciones podrían desencadenar otros 18 impactos secundarios, en un efecto dominó que agrava las consecuencias de cada evento.

La mayoría de estas amenazas requieren intervención en el corto plazo. En el ámbito sanitario, se considera urgente actuar frente al aumento de la mortalidad asociada al calor y a la contaminación atmosférica. En las ciudades, los mayores riesgos están ligados a la pérdida de habitabilidad en viviendas y espacios públicos por el incremento del efecto isla de calor urbana. El estudio, elaborado por un consorcio científico integrado por IH Cantabria, Tecnalia y el Basque Centre for Climate Change (BC3), servirá como base para el segundo Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2026-2030.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido en que “el cambio climático no va a dar tregua” y ha reclamado que la política climática sea asumida como una política de Estado. Sin embargo, el Partido Popular y varias comunidades autónomas gobernadas por esta formación han rechazado participar, lo que complica la viabilidad del acuerdo propuesto por el Gobierno.