Líbano, Sudán del Sur y Sudán, los lugares más peligrosos del mundo para ser cooperante

Save the Children denuncia que a finales del pasado mes de julio 243 trabajadores humanitarios fueron víctimas de ataques graves, que incluían asesinatos, secuestros, detenciones y agresiones que les provocaron lesiones graves. El personal local de cada país representa el 98 % de todas las víctimas registradas, la proporción más alta desde que comenzaron los registros en 1997.

La tendencia confirma una realidad que Save the Children considera especialmente preocupante, puesto que quienes trabajan sobre el terreno en sus propios países son quienes sufren con mayor frecuencia las consecuencias de la violencia, pese a que sus casos reciben menos atención pública que los ataques contra personal internacional.

El análisis de la organización muestra que, entre el 1 de agosto de 2021 y finales de julio de 2026, unos 3.496 trabajadores humanitarios nacionales fueron víctimas de ataques, frente a 134 trabajadores internacionales. Esto supone que el 96 % de los ataques registrados en los últimos cinco años afectaron a personal nacional.

La directora de Operaciones de Save the Children, Gabriella Waaijman, advirtió de que “el personal nacional sufre año tras año el mayor impacto de los ataques”, aunque rara vez ocupa titulares cuando muere, es detenido, resulta herido o es secuestrado. “Son personas lo suficientemente valientes como para responder a las crisis que se desarrollan a su alrededor y, a menudo, también se ven directamente afectadas por esas mismas crisis”, señaló.

La mayoría de los ataques de este año tuvieron lugar en Líbano, Sudán del Sur y Sudán, lo que los convierte en algunos de los lugares más peligrosos del mundo para trabajar en labores humanitarias en la actualidad, según comunicó la ONG.

Violaciones al derecho internacional

La organización recuerda que el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques contra el personal humanitario y exige a las partes en conflicto que garanticen un acceso rápido y sin obstáculos a la ayuda. Sin embargo, denuncia que esa protección se está incumpliendo y reclama a los Estados que utilicen sus herramientas diplomáticas y jurídicas para prevenir nuevos ataques, garantizar el acceso humanitario y combatir la impunidad.

“Cada trabajador humanitario que muere, resulta herido o es detenido es mucho más que una cifra”, subrayó Waaijman. “Cuando los trabajadores humanitarios no pueden llegar de forma segura a las comunidades, los niños y niñas mueren”.

Niños desplazados por el terremoto de isla de Flores

Por otra parte, Save the Children advirtió que 8.000 niños de la provincia más meridional de Indonesia, Nusa Tenggara Oriental, afrontan riesgos para su seguridad e interrupciones en su educación después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera la isla de Flores y miles de personas se vieran obligadas a ser desplazadas a causa del terremoto.

Aunque todavía se está evaluando el alcance total de la destrucción, más de 900 viviendas resultaron dañadas por el terremoto y los cientos de réplicas posteriores. Las infraestructuras públicas esenciales también se han visto afectadas, entre ellas 87 centros educativos y 18 centros sanitarios, lo que ha interrumpido servicios fundamentales para el bienestar de la infancia.