Mayores en la España rural

La situación fue analizada recientemente en el diálogo ‘Personas mayores, derechos y servicios públicos en el medio rural’, organizado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) junto a la agencia de noticias Servimedia. El encuentro puso sobre la mesa una realidad ampliamente compartida por quienes viven y trabajan en estos territorios: la falta de servicios esenciales no es una excepción, sino una constante en buena parte de la España rural.

Según advirtió el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, la diferencia entre vivir en un entorno urbano o rural “se ha convertido en un problema real de igualdad”. En miles de municipios, especialmente en aquellos con menos de 500 habitantes, no existe atención sanitaria regular, el transporte público es inexistente o muy limitado y los servicios sociales llegan de forma intermitente. A ello se suma la desaparición progresiva de oficinas bancarias y cajeros automáticos, que ha dejado a muchas personas mayores en una situación de aislamiento práctico y financiero.

Falta de servicios públicos

“En demasiados lugares las personas mayores viven solas, en silencio y sin los apoyos que un Estado social debería garantizar”, subrayó Fernández, quien insistió en que “la igualdad no puede depender del código postal”. Esta afirmación resume una de las ideas centrales del debate: los derechos son los mismos para toda la ciudadanía, pero su ejercicio efectivo varía de forma notable en función del territorio, según recuerda la PMP.

El envejecimiento de la población es un fenómeno generalizado en España, pero adquiere una dimensión especialmente acusada en el medio rural. Existen comarcas donde la mayor parte de la población supera los 65 años y municipios en los que apenas quedan personas jóvenes. Esta realidad demográfica, lejos de haber ido acompañada de un refuerzo de los servicios públicos, ha coincidido en muchos casos con su retirada progresiva.

Consultorios médicos que solo abren algunos días a la semana, ausencia de transporte público regular, dificultades para acceder a servicios sociales o dependencia de municipios más grandes para cualquier gestión básica forman parte del día a día de miles de personas mayores. En este contexto, la permanencia en el propio hogar y en la comunidad de origen se convierte en un reto creciente.

Durante el diálogo, moderado por José Manuel González Huesa, director de Perfiles y director general de Servimedia, se puso de relieve que esta situación no solo afecta a la calidad de vida individual, sino también a la cohesión territorial y social del país.

La falta de servicios contribuye al despoblamiento, mientras que el despoblamiento, a su vez, dificulta el mantenimiento de esos mismos servicios, generando un círculo vicioso difícil de romper.

El valor del medio rural

Más allá de las carencias, desde la PMP se insistió en la necesidad de cambiar la mirada sobre el medio rural. La presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) y comisionada de Mujeres Mayores y Mundo Rural de la PMP, Carmen Quintanilla, reclamó políticas públicas que protejan el medio rural mediante una fiscalidad adecuada, el impulso de vivienda asequible, la garantía de servicios sanitarios estables y el desarrollo de una estrategia de cuidados profesionalizada. Estas medidas no solo mejorarían la calidad de vida de las personas mayores, sino que también contribuirían a fijar población y a generar empleo en los territorios rurales.

La atención a las personas mayores, señaló también Jesús Norberto Fernández, debe entenderse como una oportunidad económica y social. La rehabilitación de viviendas, la economía de los cuidados y la prestación de servicios de proximidad pueden convertirse en motores de actividad y empleo, siempre que exista una apuesta pública clara y sostenida. Con ello, expuso que también se contribuye a crear tejido empresarial y social en los pueblos, que permita fijar población y dar oportunidades para evitar el éxodo rural.

Desde la administración central, la directora general de Políticas contra la Despoblación, Ángeles Marín, coincidió en que los servicios deben adaptarse a las necesidades actuales de la población rural. Marín explicó que el Gobierno trabaja en una nueva estrategia para la equidad territorial, basada en el aprendizaje de los últimos años y en la incorporación de soluciones innovadoras.

Destacó los avances logrados gracias a los fondos europeos y a programas específicos orientados a mejorar la calidad de vida en los municipios de menos de 5.000 habitantes, aunque reconoció que uno de los principales retos sigue siendo lograr que la financiación llegue de forma efectiva a los territorios más pequeños, que cuentan con menor capacidad administrativa.

Cohesión territorial

En paralelo, la directora general de Igualdad y Políticas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Cristina Montalvá, subrayó que cualquier respuesta al envejecimiento en el medio rural solo será eficaz si se diseña desde el ámbito local.

“Es en los ayuntamientos donde se concretan los derechos y donde se conocen realmente las necesidades de la población”, afirmó Montalvá. Además, alertó de que muchos municipios, especialmente los de menor tamaño, dedican una parte desproporcionada de sus presupuestos a la atención social, lo que limita su capacidad para sostener otros servicios esenciales.

Por ello, la representante de la FEMP insistió en la necesidad de coordinar la acción de ayuntamientos, diputaciones provinciales y comunidades autónomas para avanzar hacia un modelo que garantice la igualdad en todo el territorio.

Permanecer en el hogar

Facilitar que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares y en su entorno comunitario el mayor tiempo posible generó un consenso unánime. El presidente de la PMP apuntó que herramientas como la telemedicina, la teleasistencia avanzada o la domótica adaptada pueden desempeñar un papel clave en este objetivo.

En su opinión, no se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de hacerlo desde una perspectiva de derechos y de atención centrada en la persona.

“Envejecer en el medio rural no puede significar renunciar a derechos básicos”, recalcó Fernández, quien defendió que estas soluciones pueden evitar traslados forzados a residencias y permitir a las personas mayores mantener su proyecto de vida.

El encuentro concluyó con un mensaje compartido de responsabilidad y de futuro. Carmen Quintanilla cerró el diálogo con una llamada a la esperanza, pero también a la acción política: “Nuestros pueblos tienen futuro; mientras haya mujeres, habrá futuro; pero ese futuro exige servicios públicos, igualdad real y una apuesta firme por la ruralidad”.

Por su parte, el presidente de la PMP reivindicó la necesidad de que se mire al medio rural no solo como un desafío, sino como un espacio lleno de oportunidades capaz de aportar cohesión, sostenibilidad y bienestar al conjunto de la sociedad. Jesús Norberto Fernández precisó que garantizar que las personas mayores puedan vivir con dignidad, independientemente de dónde residan, es una condición imprescindible para avanzar hacia un modelo de país más justo y equilibrado.