El Cermi registra 145 denuncias por vulneración de derechos de personas con discapacidad en 2024

El informe 'Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2025', elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) desde 2008, ofrece una radiografía anual del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. En esta edición, además de las 145 denuncias, el estudio recoge 69 propuestas de mejora y 36 avances y aborda ámbitos como la accesibilidad universal, la educación, el empleo o la atención sanitaria.

En concreto, el documento se presentó en un encuentro informativo celebrado en Servimedia, moderado por su director general, José Manuel González Huesa, y en el que participaron Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi; Marta Castillo, presidenta de Cermi Andalucía; Jara Sánchez Cerezo, responsable de la Oficina de Derechos de Impulsa Igualdad; y Laura Llapart, delegada de la Fundación “la Caixa” en la Comunidad de Madrid.

Además, la presentación se enmarcó en una fecha especialmente significativa: el 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una efeméride que atravesó buena parte de las reflexiones compartidas durante el encuentro.

Una radiografía anual de las vulneraciones y los avances

Durante su intervención, Gregorio Saravia explicó que el informe ofrece “una radiografía del estado de la cuestión en relación con ese número importante de denuncias, nada más y nada menos que 145”. A su juicio, estos datos permiten observar con claridad las áreas donde los derechos siguen viéndose comprometidos en la práctica cotidiana.

Junto a las denuncias, Saravia puso el acento en el carácter propositivo del documento. “Esas 69 propuestas de mejora hablan también de un buen estado de salud del movimiento social de la discapacidad en su fase propositiva”, afirmó, subrayando que el informe no se limita a señalar déficits.

En este sentido, recalcó que el Cermi no solo identifica vulneraciones, sino que plantea alternativas. “No solo señalando aquellos aspectos que son deficitarios en el ejercicio y en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sino también proponiendo soluciones”, señaló durante su intervención.

El delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi recordó, además, que el informe recoge avances registrados a lo largo del año, una dimensión que cobra especial relevancia en un momento de balance histórico.

Veinte años de la Convención: celebración y balance crítico

La presentación del informe coincidió con el 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una circunstancia que, según Saravia, invita también a poner en valor lo recorrido. “Hay aspectos que tienen que ser celebrados en torno a este tratado internacional”, afirmó.

Saravia recordó que la Convención “marcó un hito histórico” y que sus efectos “nos acompañan todavía”, lo que explica que siga siendo un marco de referencia central para el análisis de las políticas públicas.

En este contexto, Saravia explicó que el Cermi ha querido desplegar un calendario amplio de actividades, no solo con la presentación del informe, sino también con encuentros y espacios de reflexión previos. “Hemos querido desde el Cermi no solo presentar este informe en Servimedia, que es quizá la fecha más señalada, sino desplegar un calendario de actividades muy amplio”, indicó.

Una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro

Saravia resumió la visión del CERMI sobre la Convención en tres ideas clave. En primer lugar, la definió como “una guía”, al considerar que ha sido “un acicate, un verdadero trampolín para políticas públicas inclusivas”.

En segundo lugar, subrayó su carácter colectivo. “Ha sido realmente el concurso de muchos actores los que han podido dar lugar a una convención que es ambiciosa”, afirmó, aludiendo al papel de las entidades sociales, las instituciones y otros agentes implicados.

Por último, destacó su dimensión de futuro y apuntó a los retos que persisten en el cumplimiento efectivo de los derechos. “Es también una promesa de futuro, porque todavía quedan muchos desafíos y muchas tareas por llevar adelante”, reconoció.

Mujeres y niñas con discapacidad

Uno de los ejes destacados del encuentro fue la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. En este sentido, Marta Castillo recordó que este grupo es especialmente vulnerable dentro del conjunto de la discapacidad y explicó que “la unión de esto hace que se enfoque en la mujer, en el colectivo de mujeres con discapacidad y niñas con discapacidad”,

Castillo, además, señaló que, gracias a la Convención, se produjo “un enfoque especial hacia este colectivo”. Asimismo, aludió a la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución, que incorpora una referencia específica a las mujeres con discapacidad.

Del modelo asistencialista a la condición de sujetas de derecho

Durante su intervención, Castillo también destacó el cambio de paradigma que se ha producido en las últimas décadas. “Hemos pasado de modelo asistencialista y paternalista para afirmar que las mujeres con discapacidad y las niñas somos sujetas de pleno derecho”, afirmó.

Sin embargo, advirtió de la persistencia de una brecha entre el reconocimiento formal y la realidad cotidiana. “Hay una distancia entre norma y realidad que demuestra que la implantación del tratado sigue siendo desigual y además es insuficiente”, señaló.

Esta distancia se hace especialmente visible, según explicó, cuando se analizan “las condiciones de vida reales de mujeres y niñas con discapacidad en España”, donde siguen apareciendo desigualdades estructurales. El informe, añadió, pone de relieve que la combinación de género y discapacidad “sigue generando barreras añadidas que limitan el ejercicio de pleno derecho en condiciones de igualdad”.

Desigualdades persistentes en educación, empleo y participación

Castillo enumeró algunos de los ámbitos donde estas barreras se manifiestan con mayor claridad. “Seguimos afrontando todavía mayores obstáculos en el acceso a la educación inclusiva, al empleo, a la autonomía económica, a la participación política y social”, afirmó. También señaló dificultades en el acceso a los sistemas de protección y garantía de derechos, lo que evidencia que “la igualdad formal aún no se traduce en una igualdad efectiva”.

En el ámbito laboral, el informe recoge tasas de desempleo más altas, precariedad y brecha salarial en el caso de las mujeres con discapacidad, una realidad que sigue condicionando su autonomía. Estas desigualdades, apuntó, se agravan cuando confluyen otros factores como la falta de apoyos o la dispersión territorial.

Violencia y falta de recursos accesibles

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la violencia que afecta a las mujeres con discapacidad. En este sentido, Marta Castillo afirmó que presentan “una mayor exposición a la violencia de género, a la violencia sexual, a la trata, al abuso y a la explotación”.

A esta situación se suma, según explicó, “una insuficiente accesibilidad de muchos recursos especializados de atención y protección”, lo que dificulta la respuesta institucional.

Por ello, el informe subraya la necesidad de reforzar de manera urgente la incorporación de la perspectiva de discapacidad en todas las políticas públicas de prevención y respuesta frente a la violencia machista. En este contexto, se plantea que la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad no puede entenderse únicamente como una prolongación de la violencia estructural de género.

La brecha entre el derecho reconocido y el garantizado

Desde la perspectiva jurídica, Jara Sánchez centró su intervención en la distancia entre la normativa y su aplicación real. “Se aprecia muy bien el esfuerzo que hemos hecho tanto a nivel internacional como luego a nivel nacional en esa producción normativa”, expresó.

Sin embargo, advirtió de “unas dificultades en la ejecución y en el cumplimiento de esa diversa normativa”, una situación que, cuando se repite, permite hablar de “patrones estructurales de incumplimiento”.

Entre las causas, señaló la accesibilidad fragmentada, la complejidad burocrática y las desigualdades territoriales. A ello se suma, explicó, el impacto de la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial, que introduce nuevas barreras en el acceso a derechos.

El papel de las alianzas sociales en la garantía efectiva de derechos

Por su parte, Laura Llapart situó el apoyo de la Fundación “la Caixa” al informe en una estrategia más amplia de intervención social. “Para nosotros es fundamental seguir apoyando la realización de este informe porque apuntala de alguna manera otros apoyos que hacemos también a través de nuestros programas propios”, indicó.

Entre ellos, destacó el programa Incorpora, centrado en la inserción sociolaboral. “Tenemos un programa específico para apoyar la inserción sociolaboral de personas con discapacidad que supone un 23% de inserciones sobre el total del programa”, explicó. En esta línea, detalló que el año pasado se lograron “más de 30.000 personas insertadas”.

Llapart subrayó también el perfil diverso de las personas beneficiarias. “El 45% son de discapacidad física y orgánica, el 25% personas con problemas de salud mental, intelectual un 24% y sensorial un 6%”, enumeró.

Más allá del empleo, la delegada de la fundación puso el acento en el papel del tejido social. “Entendemos que son un tejido de entidades sociales fundamentales dentro de la sociedad civil para apoyar, como decían ellos, que se aplique la legislación”, señaló.

En este sentido, explicó que la Fundación “la Caixa” ha respaldado durante el último año “con más de 17 millones de euros” proyectos que trabajan para “apoyar a personas con discapacidad en diferentes ámbitos”, alcanzando a “más de 184.000 personas a través de este programa de convocatorias”.

Finalmente, Llapart puso el foco en el ámbito territorial y en la perspectiva de género. “Estamos apostando mucho por entidades sociales en el contexto rural, porque entendemos que es donde más dificultades tienen de llegar la aplicación de esta legislación y de estos derechos”, afirmó. Y añadió que también se trabaja “la inserción laboral, el acceso a la vivienda, la autonomía de las personas con discapacidad” y “de manera especial, la perspectiva de género”.