Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector

Vivienda y sostenibilidad social: un país que debe decidir hacia dónde quiere avanzar

Hablar hoy del futuro de España es hablar, inevitablemente, de vivienda. La falta de acceso a un hogar digno se ha convertido en el mayor factor de exclusión social. Según datos del Informe Foessa, 4,6 millones de hogares tienen dificultades para mantener su vivienda y 2,7 millones caen en pobreza severa tras pagarla. El alquiler, convertido en la opción mayoritaria para amplias capas de población, sitúa en situación de pobreza a un tercio de quienes lo afrontan. Esta realidad no es un problema sectorial, es un problema de país. Y si no lo abordamos de manera estructural, la brecha social seguirá creciendo.

Por Luciano Poyato

24/02/2026

En este escenario, el Tercer Sector tiene una capacidad única para impulsar transformaciones profundas y sostenibles. Somos un motor de cambio en múltiples frentes: generamos empleo inclusivo, defendemos derechos fundamentales, promovemos la participación ciudadana y actuamos como un actor clave en innovación social. Nuestras entidades están presentes en todo el territorio, conocen de cerca realidades diversas y trabajan desde la confianza con las personas. Esa capilaridad nos permite detectar necesidades emergentes y diseñar respuestas adaptadas, y el voluntariado, con millones de personas comprometidas, multiplica ese impacto y refuerza nuestra función comunitaria.

Pero, para que podamos desempeñar plenamente ese papel, necesitamos un nuevo modelo de sostenibilidad para el Tercer Sector. El principal desafío sigue siendo la financiación: insuficiente, fragmentada y marcada por una enorme incertidumbre. Muchas entidades sociales trabajan con recursos limitados y sin garantías de continuidad, lo que dificulta planificar, innovar y asegurar la continuidad de los servicios. No se trata solo de la estabilidad del propio sector: está en juego la atención a cientos de miles de personas que dependen de estas organizaciones.

A ello se suman barreras normativas que frenan nuestra capacidad de acción. La Ley de Desindexación, por ejemplo, impide actualizar adecuadamente los contratos públicos, comprometiendo la viabilidad de servicios esenciales. Reformarla es urgente si queremos un modelo de contratación que sea justo, realista y acorde a las responsabilidades que asumimos.

Si queremos un país sostenible, cohesionado y justo, necesitamos integrar la vivienda como pilar del Estado del Bienestar y garantizar la sostenibilidad del Tercer Sector. Porque sin vivienda no hay inclusión, y sin un Tercer Sector fuerte no hay cohesión social posible.

El año 2026 debe ser un punto de inflexión. España tiene la oportunidad, y la responsabilidad, de avanzar hacia un modelo que proteja, que no excluya y que ponga a las personas en el centro.