Pepe Álvarez, secretario general de UGT
“El control horario no se está cumpliendo en España”
España debe aumentar el coste del despido puesto que, actualmente, “no está acorde con las directivas de la UE”, afirma en esta entrevista el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Además, reclama regular las horas extras y aumentar la inspección, para garantizar que los trabajadores las cobren y no se les obligue a realizarlas, así como reducir la jornada laboral.
Por David Martínez Menayo
"La norma española y el estatuto de los trabajadores" en materia de despido "no está acorde con las directivas de la Unión Europea", afirma el secretario general de UGT en esta entrevista realizada en Servimedia. Por este motivo, el sindicato interpuso una demanda, a la que también se sumó después CC. OO., ante el Comité de Derechos Sociales de la UE para aumentar el “bajo” coste actual del despido en España.
“Esta demanda va a fluir y vamos a tener sentencia. Lo único que están haciendo, en todo caso, es ganar tiempo, no se sabe para quién”, afea Álvarez. El líder de UGT recuerda que el sindicato sostiene que la indemnización en España ante un despido no solo se puede regir por el tiempo trabajado en las empresas, sino que también debe tener en cuenta las condiciones de las personas despedidas.
“Queremos que eso vaya a la legislación española y, por tanto, que haya un acuerdo de aplicación de esa sentencia modificando el Estatuto de los Trabajadores y, en ese sentido, nos parece que algunas resoluciones, como las que se han aprobado en Italia, van en la dirección correcta, que es que no haya ninguna indemnización por un despido improcedente que esté por debajo de los seis meses”, detalla.
"Queremos que no haya ninguna indemnización por un despido improcedente que esté por debajo de los seis meses"
Desde UGT llevan meses esperando el pronunciamiento del Comité de Derechos Sociales de la UE que se ha ido demorando. Esta postura fue recogida por la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien se comprometió a aprobar una regulación que sea disuasoria ante el despido.
Horas extra
Otro objetivo que Álvarez se marca es lograr una correcta regulación, control y utilización de la prolongación de la jornada. Precisa que “el control horario no está funcionando en España y hay centenares de miles de trabajadores en nuestro país que están haciendo horas extraordinarias como consecuencia de la falta de control horario. El 50%, un poco más incluso, lo está haciendo sin cobrar las horas extras”.
Álvarez recuerda que a comienzos de año su sindicato presentó una demanda ante la UE por la regulación de las horas extra, al considerar que se incumplen mandatos internacionales por no obligar a las empresas a afrontar un sobrecoste por este tiempo de trabajo. En opinión de UGT, una hora extra debe tener, al menos, un coste del 125%, es decir, una cuarta parte más que una hora ordinaria.
En esta línea, alertó de que en más de la mitad de los casos, las horas extras no se llegan a compensar al empleado. Al hilo, avisó de que “el control horario no está funcionando” pese a la legislación vigente que obliga a las empresas a registrar el tiempo de trabajo de su plantilla.
De hecho, el secretario general de UGT critica que hay empresas en las que “entran las personas a trabajar, hay una cámara para registrar la entrada, llega la hora de salida, sale, se apaga la cámara y vuelven a entrar. Y hacen la segunda jornada. Y esto además se hace en una situación de coacción a los trabajadores”.
Miedo a denunciar
El problema, según Álvarez, es que los empleados tienen “miedo” de denunciar abiertamente este tipo de situaciones, por lo que defiende que “la mejor manera de que la gente pueda exigir sin tener miedo es que tengamos una normativa que, efectivamente, obligue”.
También propone que, para combatir este fraude con las horas extras, se podría medir el consumo energético de las empresas cuando se supone que los empleados ya han salido de su puesto. Igualmente, asume que es todo “mucho más difícil” cuando se trata del sector servicios, exponiendo casos de camareros que se le acercan y le cuentan en privado que realizan 10 y 12 horas al día. Ante este escenario, el responsable de UGT reclama al Gobierno “ampliar” los recursos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS): “Necesitamos ampliar los medios para la inspección. Y no solo me estoy refiriendo a medios humanos, que también, sino a más recursos tecnológicos”.
Reducción de jornada
Pepe Álvarez también se muestra favorable a la rebaja de la jornada laboral. Esta medida, que se acaba de empezar a negociar en el seno del diálogo social, responde a un compromiso del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, en virtud del cual la jornada laboral pasará este año de las 40 horas a las 38,5 y en 2025 a las 37,5. Álvarez saluda que la patronal se siente en la mesa de diálogo, pero aclara que no basta con que sea “físicamente”, sino que debe ser para intentar alcanzar un pacto.
Las horas extra no se compensan al empleado en más de la mitad de los casos. Por ello, el secretario general de UGT reclama "ampliar los medios de inspección"
“Los sindicatos queremos ese acuerdo con la CEOE y hacer todo lo posible para que se pueda cerrar”, enfatiza el secretario general de UGT. Según Álvarez, por ahora “estamos lejos” y se tienen que celebrar “muchas más reuniones”. No obstante, reconoció que sí está sobre la mesa que la reducción de la jornada laboral máxima sea anual y no semanal, aunque en conjunto sumen las mismas horas.
Asimismo, afirmó que hay especificidades en función de los sectores y los tamaños de empresa, aunque insistió en su defensa de reducción de la jornada. “Trabajar más horas no quiere decir que seamos menos competitivos. Trabajando menos horas se puede ser más competitivo”, concluyó el máximo responsable de UGT.
Pepe Álvarez también reprueba que los bancos critiquen el impuesto específico a las entidades financieras pese a estar consiguiendo récord de beneficios. Apunta que no solo es un tributo “muy justo”, sino que “se queda corto” y es “escaso”. “Es curioso ver cómo la banca en nuestro país, que se rasgó las vestiduras por el impuesto, este año vuelve a tener ultra beneficios y continúa diciendo, a pesar de esos ultra beneficios, después de pagado el impuesto, que es injusto”, lamenta Álvarez.
En su opinión, “tiene sentido” que las grandes empresas digan que con el “libre mercado” se pueden fijar los salarios de los directivos tan elevados. Pero puntualiza que, “de la misma manera, tiene sentido que el Estado ponga impuestos en función de los beneficios que tienen” las compañías, ya que es “la contraparte” de “los sectores que pueden ganar mucho”. Sin embargo, opina que es “difícilmente justificable que el CEO de una empresa pueda cobrar 170 veces más que el empleado que tiene la categoría más baja”.
La economía social, a favor de reducir la jornada laboral
El presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, realizó una valoración positiva de la reducción de las jornadas laborales a un máximo de 37,5 horas, medida propuesta por el Gobierno.
Desde la patronal de este modelo empresarial se valora que esta medida permitirá mejorar la conciliación de la vida personal y laboral y la calidad de vida de las personas. No obstante, Pedreño subraya que “para alcanzar la plena efectividad, esta medida debe ir acompañada de las correspondientes adaptaciones que pueden requerir algunos sectores o, de forma específica, aquellas empresas que desarrollan contratos con la Administración pública, especialmente, aquellas que prestan servicios de atención a las personas”.
Pedreño señala, además, que la adaptación sectorial de esta medida “va a requerir de evaluaciones detalladas y análisis de impacto en sectores como el de la hostelería, la pesca o el agroalimentario, donde esta medida puede suponer, entre otros, un fuerte impacto en la cadena de suministro, ya que, desde la producción hasta la distribución, se demandarán ajustes en los tiempos de entrega y disponibilidad de productos en el mercado”.
La implantación de la reducción de la jornada laboral, en los casos en los que las empresas adjudicatarias de estos contratos hacen un aporte intensivo de mano de obra para garantizar la calidad de los servicios que prestan, debe conllevar una revisión de los precios del contrato que permitan elevar los costes de personal.
“De no ser así, los perjuicios unilaterales que sufrirán las empresas adjudicatarias de estos podrían incluso derivar en su entrada a pérdidas”, explica el presidente de la patronal de este modelo empresarial.
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