El Defensor del Pueblo solicita limitar las devoluciones del Ingreso Mínimo Vital

La propuesta parte de una actuación de oficio iniciada por la institución tras tener conocimiento, a través de quejas recibidas y de informaciones aparecidas en los medios de comunicación, de reclamaciones de devolución a perceptores del Ingreso Mínimo vital (IMV). Según explica el Defensor del Pueblo, las administraciones competentes pueden tardar meses o incluso años en revisar los expedientes y, cuando finalmente lo hacen, exigen el reintegro de todo el importe abonado durante ese periodo.

El planteamiento trasladado al Gobierno consiste en limitar esa obligación de devolución cuando quede acreditada la buena fe de los beneficiarios o cuando el error sea imputable a la propia Administración. La reforma no afectaría únicamente al IMV, sino también a otras prestaciones asistenciales, como las pensiones no contributivas de invalidez o jubilación y los subsidios de desempleo de larga duración.

"Se trata de familias sin recursos y en situación, a veces, de extrema necesidad, que percibieron esta prestación social y que tienen serias dificultades para hacer frente a las cantidades que ahora se les reclaman", ha señalado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al explicar las razones que han motivado esta iniciativa.

"Algunas de esas familias se han dirigido a nuestra institución exponiendo esta circunstancia. Por ello hemos hecho llegar a la Administración nuestra petición de que en estos procedimientos de reclamación se atienda a la situación de emergencia económica en la que se encuentran muchas de esas familias, y no se les exija la devolución de las cantidades percibidas", subrayó Gabilondo.

La actuación también se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Trabajo, de la que depende el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para conocer su posición sobre una posible reforma legal. La institución recuerda además que recientes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo consideran desproporcionado reclamar la integridad de lo cobrado cuando se haya podido comprobar la buena fe de los beneficiarios o cuando el error haya sido cometido por la Administración.